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Boletín de noticias 16 de marzo de 2012
EL TIEMPO
CORTE SUPREMA TAMBIÉN SERÍA JUEZ DE MAGISTRADOS Y DEL FISCAL GENERAL
La imagen corresponde al juicio contra el expresidente del Senado Javier Cáceres por 'parapolítica'.
Así quedó definido luego de un pacto entre Gobierno y Congreso para ajustar Reforma de la Justicia.
Mientras las altas cortes mantienen su posición crítica frente al proyecto de reforma de la Justicia, que la próxima semana entra a su quinto debate, el Gobierno y el Congreso llegaron a un acuerdo que elimina varios de los temas más polémicos de esa iniciativa.
En entrevista con EL TIEMPO, el viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, revela que ya hay consenso para dejar intacta la participación de las cortes en la elaboración de las ternas de Procurador y Contralor (que habían perdido en la primera vuelta) y que la investigación y el juzgamiento de los congresistas seguirá en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La reforma de la Justicia, tal como va, no les gusta a las altas cortes. ¿Cómo llega esa iniciativa a la segunda vuelta en el Congreso? ¿Podría revivir la idea de una 'supercorte' que investigue a magistrados y congresistas?
No hay razón para esas prevenciones. En la reunión entre el Gobierno y la bancada de Unidad Nacional de Manizales se llegó a varios acuerdos fundamentales. No habrá ninguna 'supercorte'. Lo que va a quedar es el sistema de investigación y juzgamiento para aforados que propuso la misma Corte Suprema de Justicia, que aceptó el Congreso y avaló el Gobierno en los primeros debates. En virtud de esto, se crearán en la Corte Suprema una Sala de Instrucción y una Sala de Juzgamiento, y la segunda instancia la hará la Sala Penal de la Corte Suprema.
Lo que sí es un gran cambio es que a ese sistema llegarán no sólo los aforados tradicionales (ministros, congresistas, embajadores y gobernadores), sino también todos los aforados ante el Congreso: magistrados de las altas cortes y el Fiscal General.
¿Se acaba entonces la Comisión de Acusaciones?
La Constitución no habla hoy en día de la Comisión de Acusaciones; esta existe por la Ley Quinta (Reglamento del Congreso). La Comisión mantendría competencias para Presidente, Vicepresidente y magistrados de la Corte Constitucional. Los demás se van para la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué la salvedad con la Corte Constitucional?
Porque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la elegiría la Corte Constitucional, de una lista de candidatos que envía el Presidente de la República.
¿La Corte Suprema juzgaría a sus magistrados?
Todos los aforados de Colombia serán juzgados de manera idéntica. Los magistrados de la Corte Suprema serían juzgados por esa Sala de Instrucción, obviamente bajo el régimen de impedimentos y recusaciones, y eventualmente por conjueces.
¿Quiénes serían esos magistrados de Instrucción?
Esta sala estará conformada por personas que cumplen los mismos requisitos que tienen los magistrados de la Corte Suprema. Son nominados por el Presidente de la República y elegidos por la Corte Constitucional. Los de la Sala de juzgamiento en primera instancia serán designados por la Rama Judicial y la Sala Penal de la Corte Suprema, por el sistema tradicional de cooptación. Esta sería conformada por cinco magistrados, que estarían a cargo de la investigación. Y habría otros cinco, que serían los encargados del juzgamiento.
Corte Suprema y Consejo de Estado coinciden en que dejar las ternas de Procurador y Contralor en manos del Ejecutivo desbalancea los poderes públicos. ¿Ese tema se mantiene en la reforma?
En la reunión de Manizales hubo consenso en que se mantenga el poder nominador de las altas cortes para Contralor y Procurador General, tal y como está hoy en día en la Constitución. Sin embargo, se crea una regla general para que quien sea nominador o sea elector no pueda tener parientes o allegados dentro de esas instituciones. Se restituyen las funciones nominadoras de las altas cortes, pero con un régimen de inhabilidades muy estricto y transparente.
¿Con esto el Gobierno les está dando 'contentillo' a las Cortes?
No. Lo que hemos venido diciendo es que todos los días los artículos son objeto de reexamen y reestudio. No hay nada escrito sobre piedra. En la reunión de Manizales, en donde revisamos con el Congreso artículo por artículo, se llegaron a los acuerdos que estoy exponiendo.
Chocan Uribe y magistrado Correa
"Discurso politiquero y mendaz del magistrado Néstor Raúl Correa afecta a la justicia. Le recuerdo: nuestro Gobierno desmontó el paramilitarismo".
Así, vía Twitter, el expresidente Álvaro Uribe respondió los dardos del magistrado Néstor Correa. Este dijo ayer: "Si no fuese por la Corte, hoy el ministro de Cultura sería S. Mancuso, y el de Educación, 'Jorge 40' (...). Y si no fuera por la Corte Constitucional, Álvaro Uribe hubiera llegado a su tercer mandato, convirtiendo a Colombia en una 'república bananera' ".
Sobre qué no hay acuerdos
1. Judicatura
Se mantiene la eliminación de la Sala Administrativa de la Judicatura, tal y como viene en el proyecto. No hay acuerdo sobre qué hacer con la Sala Disciplinaria, que ha sido epicentro de escándalos en los últimos años. Las cortes se oponen.
2. El fuero
A pesar de que el Ejecutivo presentará su proyecto integral sobre el fuero militar, la Mesa de Unidad Nacional aún no decide retirar, como lo pidió el Gobierno, el artículo que se incluyó a última hora y que busca proteger a militares.
3. Facultades
Las cortes se oponen a que particulares y notarios ayuden en la tarea de descongestionar procesos civiles. Gobierno y Congreso insisten en que esa es una vía para romperle el espinazo a un retraso histórico de 2 millones de casos.
INVESTIGACIÓN FORMAL CONTRA 4 MAGISTRADOS POR 'CARRUSEL' DE PENSIONES
Los juristas cobijados por la decisión venían siendo investigados por la Comisión de Acusación.
El proceso en el Congreso contra los cuatro magistrados del Consejo Superior de la Judicatura relacionados con supuestas irregularidades en sus jubilaciones avanzó significativamente.
La Comisión de Acusación de la Cámara convirtió la investigación preliminar que llevaba contra 4 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en formal.
Así lo aseguró el representante coordinador del proceso en la célula congresional, Héctor Javier Vergara, quien explicó que esto significa, entre otras cosas, que los investigados tendrían que pedir permiso si desean salir del país, en caso de que sean llamados a interrogatorio por la Comisión.
Los investigados son Julia Emma Garzón, Ovidio Claros, Pedro Alonso Sanabria y Henry Villarraga, todos de la Sala Disciplinaria del alto tribunal.
Vergara también informó que la Comisión vinculó al proceso a todos los magistrados de la Judicatura, luego de que llegaran a su secretaría nueve denuncias contra los 12 juristas.
"Las denuncias son contra todos los magistrados de las salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Algunas de ellas tienen anexos documentos que serán sometidos a revisión, para ver si se recopilan dentro de la investigación", dijo el congresista de Sucre.
Así las cosas, los magistrados investigados por la Comisión son María Mercedes López, Ovidio Claros, Henry Villarraga, Pedro Alonso Sanabria, Angelino Lizcano, Julia Emma Garzón y Jorge Armando Otálora, de la Sala Disciplinaria, y Néstor Raúl Correa, Jorge Antonio Castillo, Francisco Escobar Henríquez, Ricardo Monroy y José Agustín Suárez, de la Sala Administrativa.
Actualmente, existe una colisión de competencias entre la Comisión de Acusación y la Contraloría por la investigación inicial contra 4 magistrados de la Judicatura, la cual, por petición del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, será dirimida por el Consejo de Estado.
No obstante este hecho, la Comisión citó a la contralora, Sandra Morelli, para que el próximo martes, en calidad de testigo, le cuente a la célula congresional cuál es el material con el que cuenta su despacho para investigar a los cuatro magistrados y la relación de ellos con el 'carrusel' de pensiones en las altas cortes.
Estas indagaciones se unen a las denuncias contra 209 magistrados de las demás altas cortes (Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional) por los mismos hechos.
SANTOS COMPARTE CONCEPTO DE CONSEJO DE ESTADO SOBRE PERIODO DE FISCAL
El alto tribunal conceptuó que este será de un año y medio, y no de cuatro años.
El presidente Santos hizo esta afirmación durante la posesión de Fernando Carrillo como director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación.
De hecho, Santos dijo que no descarta que Carrillo haga parte de una futura terna.
La declaración del Jefe de Estado se produce luego de que se comenzaran a conocer posiciones en la Corte Suprema de Justicia que apuntan a que el nuevo Fiscal va "por el periodo que fija la Constitución", es decir, cuatro años.
Incluso, las deliberaciones para elegir al Fiscal entre los candidatos Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre comenzarían por ese punto luego de que un grupo de magistrados que la semana pasada declararon no tener competencia para determinar el periodo del nuevo Fiscal consideran que la discusión debe reabrirse.
En el mismo sentido, el ministro del Interior, Germán Vargas, dijo: "El concepto (del Consejo de Estado) no obliga (...). Mi interpretación es que debe entenderse que la elección es para cuatro años, excepto que surja una demanda sobre el límite en el periodo y provoque un pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado", anotó el ministro.
El escenario de una nueva demanda contra la elección del Fiscal es, según expertos, prácticamente inevitable si la elección se da por cuatro años (periodo personal) y no por el institucional. En su concepto, el Consejo de Estado señaló que la reforma constitucional del 2003 y la Ley 938 del 2004 señalan claramente que el periodo del Fiscal es institucional.
"No hay margen de interpretación que permita darle a la norma un sentido contrario (...). El operador jurídico no puede forzar la ley a decir algo que ella no dice", señala el estudio que el Gobierno recibió el lunes y que precipitó ayer la presentación de la terna. Los que no están de acuerdo, tanto en la Corte como en el Gobierno, consideran que el tema debe, de todos modos, ser definido por los 27 consejeros de Estado en la Sala Plena (los cuatro de la Sala de Consulta no participan en ella).
Sin embargo, el concepto se basa en jurisprudencia del consejo en pleno sobre las elecciones del Registrador y el Consejo de Estado (que se asumen institucionales), y existe el antecedente de la decisión que tumbó a Viviane Morales, en la que buena parte de los consejeros defendieron la tesis del periodo institucional.
DURAS CRÍTICAS DE MAGISTRADOS AL PROYECTO DE REFORMA DE LA JUSTICIA
De derecha a izquierda: el representante Telésforo Pedraza, el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo; Y el presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata. Mauricio Moreno/ EL
La mejor manera de reencauzar la iniciativa es con presencia de jueces en el Congreso, dijeron.
Esta fue la conclusión a la que llegaron académicos, congresistas y muchos de los jueces y magistrados que participaron en un foro académico sobre el tema, organizado por las altas cortes.
Los representantes Hernando Alfonso Prada -que fue ponente de la iniciativa en la Cámara- y Telésforo Pedraza insistieron en la importancia de que los magistrados replanteen su decisión de alejarse de las discusiones en el Congreso y los llamaron a regresar a los debates para que defiendan sus posiciones sobre la polémica iniciativa.
El asunto, sin embargo, no parece fácil. Las cabezas de las cuatro cortes, durante los dos días del foro, insistieron en sus críticas a la reforma, y algunos magistrados la tildaron, incluso, de "ilegítima".
Los planteamientos, en todo caso, no consideraban las importantes modificaciones que se harán en la segunda vuelta en el Congreso.
"La reforma no consulta los intereses del país para lograr una rápida y pronta justicia", señaló en ese sentido el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez. Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, dijo, dijo, a su vez, que el proyecto que cursa en el Congreso y que está a cuatro debates de ser aprobado no tiene objetivos claros. A su juicio, los autores de la iniciativa en el Legislativo tienen como único objetivo "recortar el poder de la única rama que aún no controla" (el Gobierno).
El miércoles, durante la instalación del foro, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Javier Zapata, pidió incluso el archivo del proyecto, tras considerarlo inconveniente para el país.
Los magistrados también señalaron el riesgo de que algunas propuestas que se han debatido en el Congreso afecten tratados sobre la independencia de la Rama Judicial.
En el pánel final del evento, moderado por el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, se plantearon salidas para acercar a los magistrados y a los que impulsan el proyecto, en el entendido de que sí se necesita contar con una justicia más eficiente. Otro tema del debate fue la necesidad de fortalecer la formación de los abogados, especialmente en la parte ética.
En ese sentido, el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Antonio Aljure, dijo que se deben crear colegiaturas para hacer más transparente el ejercicio de la profesión.
REFORMA DE LA JUSTICIA ES UNA REVANCHA DEL CONGRESO: C. SUPREMA
Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Según presidente de la Sala Penal, el proyecto tiene "cierto tufillo de retaliación y revanchismo".
El magistrado Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, habló en un foro académico sobre la Reforma de la Justicia el tema y aseguró que el proyecto de reforma de la Justicia que cursa en el Congreso, y que está a cuatro debates de ser aprobado, no tiene objetivos claros A su juicio, los autores de la iniciativa en el legislativo tienen como único objetivo "recortar el poder de la única rama que aun no controla".
"Acaso esta tendencia busca que los grandes capitales que conforman las corporaciones que administran la salud, los servicios públicos domiciliarios, entre otros, se escapen del accionar de la administración de justicia y mejor puedan transigir, todo en desmedro de intereses colectivos superiores", agregó al referirse a los intentos de la reforma de imponer límites al monto de lasa demandas contra la Nación (lea también: Querían tumbar la Corte Suprema de Justicia: Salvatore Mancuso).
'Reforma perdió su norte'
Durante el mismo evento académico, organizado por el Consejo de Estado, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, consideró que la iniciativa presentada por el Gobierno al Congreso carece de un hilo conductor y se convirtió en una colcha de retazos sin ningún norte.
El magistrado Correa aseguró que con la iniciativa que cursa en el Congreso, "le están pasando una cuenta de cobro a la Corte Suprema" por los procesos de la parapolítica.
"Si no fuese por la Corte, en el tema de parapolítica, por ejemplo, hoy el ministro de Cultura seria Salvatore Mancuso. Y si no fuese por la Corte, el Ministerio de educación seria 'Jorge 40' o 'HH'", dijo Correa al hacer un análisis crítico del proyecto.
Y concluyó que: "Si no fuese por la corte constitucional, el expresidente Uribe hubiera llegado a su tercer mandato, convirtiendo a Colombia en una 'república bananera', un país como de África".
EDITORIAL: MÁS ALLÁ DE UNAS PASTILLAS
Es urgente que los actores del sector salud definan qué se entiende por salud mental para así trazar una política coherente de bienestar emocional para los colombianos.
Una cosa es la salud mental de la población y otra distinta es la enfermedad mental.
¿Quién dice la verdad? Esa pregunta surge al escuchar, por un lado, la denuncia de que la atención de los pacientes de salud mental empeoró tras la entrada en vigencia del nuevo POS en enero pasado, y por otro, la versión de las autoridades sanitarias según la cual el plan ahora es más amplio en dicha materia.
Antes de establecer quién tiene la razón, conviene darle una mirada detenida a un asunto que resulta más complejo de lo que parece. De acuerdo con los informes disponibles, 4 de cada 10 colombianos mayores de 18 años sufren o han sufrido alguna alteración mental, particularmente trastornos del ánimo como la depresión y la ansiedad.
Este problema también aparece en los resultados del último Estudio de Carga de la Enfermedad, según los cuales, entre las diez principales causas de discapacidad y pérdida de años de vida saludable entre los colombianos hay tres componentes emocionales.
Frente a un panorama así, lo esperable es que el país ya hubiera identificado los determinantes que subyacen a una prevalencia tan alta de alteraciones mentales. No obstante, serias dificultades conceptuales han obstaculizado la tarea. Lo primero que se requeriría para avanzar sería que tanto las sociedades científicas como las autoridades del sector tuvieran claridad sobre lo que el término "salud mental" entraña.
¿Es un concepto ligado al bienestar general de la persona o a la atención médica de enfermedades mentales? Es imposible trazar una política o diseñar acciones de prevención si no se sabe qué indicadores deben modificarse. Una cosa es la salud mental de la población y otra distinta es la enfermedad mental.
El problema es que el sistema de salud es medicalizado e individual, por lo cual la única vía que se reclama es la atención de este tipo de enfermedad. Ante tal criterio, por lo menos 20 millones de colombianos tendrían que ser declarados enfermos mentales y asistidos, lo cual es abiertamente imposible.
Eso ha hecho que el POS, como referente asistencial en el país, se convierta en el centro de toda discusión en salud. Este listado reconoce algunas dolencias puntuales e incluye un número limitado de herramientas terapéuticas para atenderlas, pero no cubre todas las dimensiones de la salud mental en el país.
Dichas carencias son tan marcadas, sobre todo en el régimen subsidiado, que los entes territoriales y ciudades como Bogotá decidieron, en los últimos años, articular y financiar por su cuenta programas adicionales de atención, como los llamados hospitales día, para darles una respuesta a los afectados.
Pero a muchas de las iniciativas mencionadas les fue suspendido el flujo de recursos ante la promesa hecha de que el nuevo POS asumiría integralmente la atención de los enfermos. A juicio de médicos y pacientes, esto no ocurrió. Como resultado, lo ganado en materia de asistencia a la "enfermedad mental" se terminó perdiendo.
Es urgente que el país y todo estamento relacionado con la política social entiendan que la salud mental y el bienestar emocional van más allá de una pastilla y de la psicoterapia, sí requeridas para el manejo del mal. La salud mental es causa y consecuencia de problemas sociales y económicos del país, como la violencia, el maltrato intrafamiliar, la pobreza, el embarazo adolescente, las adicciones y hasta la misma convivencia colectiva.
Tal dimensión de la salud de la población debe ser abordada intersectorialmente, con el Ministerio de Salud a la cabeza; por fortuna, esta entidad empieza a sentar bases coherentes al respecto.
¿Será posible que todos los interesados empiecen a marchar por la misma senda?
El ESPECTADOR
REFORMA A JUSTICIA MILITAR NO TRAERÁ IMPUNIDAD: MINDEFENSA
Al radicar el proyecto en la Cámara, Juan C. Pinzón dijo que se van a aclarar las "zonas grises" en las operaciones de las FF.MM.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, junto a la mesa de unidad nacional y la cúpula militar presentó este viernes en la Cámara de Representantes la reforma a la justicia penal militar.
Pinzón dijo que con esa iniciativa "no se pretende ningún tipo de impunidad" para los delitos que eventualmente puedan cometer uniformados.
Por eso, aclaró que cualquier delito de lesa humanidad, genocidio, abuso sexual y desaparición forzada, no serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar.
"Este proyecto es necesario para los hombres que conforman la Fuerza Pública porque les puede dar más efectividad en la defensa de la Constitución y los ciudadanos", señaló.
Según él, se van a aclarar las "zonas grises" que por muchos años han existido en las operaciones militares de las Fuerzas Militares.
Algunos puntos:
*Creación de un tribunal de garantías penales que se encargará de controlar y vigilar la acción penal contra los miembros de la Fuerza Pública.
*Para evitar conflictos entre la justicia penal militar y la ordinaria se creará una comisión encargada de conocer en primera instancia las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública, que debe realizar una investigación pronta y coordinada que constate los hechos y concluya cuál justicia es competente para conocer de la investigación.
*Se definen claramente los delitos que no serán investigados por la justicia militar como: “crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento, violación, abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento de menor”.
*Se crea la defensa técnica de los miembros de la Fuerza Pública que adecuará “un fondo destinado específicamente a financiar la defensa pública técnica y especializada”.
EN CONSEJO SUPERIOR 'ESTÁN RESPIRANDO POR LA HERIDA': MINJUSTICIA
Juan C. Esguerra dijo que "es absolutamente loco" pensar que Salvatore Mancuso podría haber sido Ministro.
El Gobierno Nacional dio este viernes una contundente respuesta al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, quien dijo que "si no se hubiera destapado la parapolítica, Mancuso sería Ministro de Cultura".
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que "es absolutamente loco pensar que Mancuso podría haber sido ministro en algún gobierno".
"No sé de dónde haya sacado el presidente de la sala administrativa del Consejo Superior esa idea", aseguró en Caracol Radio.
Y fue más duro en advertir: "Puede ser la consecuencia de la preocupación que produce en la sala administrativa del Consejo el hecho de que tal y como lo propuso el Gobierno en la reforma, se está planteando la eliminación de un tajo de esa sala; están respirando por la herida".
Al referirse en específico a la reforma a la justicia, Esguerra dijo que "el Gobierno no se prestaría para cosa semejante" como es una revancha en contra de las Cortes. "Esta reforma no tiene que ver con un ánimo retaliatorio", agregó.
¿Qué dijo el magistrado Correa?
En un fuerte discurso, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, le envió un mensaje de admiración y apoyo a los magistrados de los altos tribunales por destapar grandes escándalos en el país como el de la parapolítica, y por hacer respetar a la justicia.
“Si no fuese por la Corte en el tema de parapolítica por ejemplo hoy el Ministro de Cultura sería Salvatore Mancuso. Si no fuese por la Corte el ministro de Educación sería ‘Jorge 40’ o ‘H.H’”, precisó Correa en un foro académico sobre la reforma a la justicia.
En este sentido expresó además que la Corte Constitucional hizo respetar la carta magna de Colombia y hundió el proyecto reeleccionista que buscaba un tercer periodo para el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
“Cerraron filas a la necesidad de enterrar el actual proyecto”, precisó el magistrado en su intervención, bajo la ovación de los espectadores.
Para el magistrado, si dicho proyecto hubiera sido consolidado “Colombia sería una República bananera, como cualquier país de África o por allá”.
Ante esto consideró que este tipo de decisiones provocaron una gran molestia en algunas personas que por lo que la reforma a la justicia es una “cuenta de cobro” que busca limitar sus acciones.
Por su parte, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, calificó de retaliación con ánimo revanchista la reforma que se debate actualmente en el Congreso de la República.
SANCIONADOS POR DIVULGAR SECRETOS JUDICIALES
Empezó como un escándalo de supuesta corrupción en el Consejo de Estado. Fiscalía aportó 30 mil interceptaciones telefónicas.
La investigación al interior del Consejo de Estado se inició hace varios años, pero sus resultados salieron hasta ahora.
Dos años y medio después de que la Procuraduría empezara a investigar una presunta red de tráfico de influencias en el Consejo de Estado, investigación que llevaba casi tres años más de pesquisas por parte de la Fiscalía, con 30 mil llamadas telefónicas interceptadas y conexiones con empleados de múltiples dependencias oficiales, el Ministerio Público tomó decisiones de fondo. Dos funcionarios del Consejo de Estado y una de la Procuraduría fueron destituidos, y dos más del Contencioso suspendidos por cuatro meses.
Lo que en su momento apuntaba a un gran escándalo, pues en el voluminoso expediente se advertían contactos con servidores del propio Consejo de Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Congreso, la Registraduría o el DAS, entre otras dependencias públicas, terminó en duras sanciones por un caso de concusión y otras más por desconocer el deber de reserva de los fallos judiciales u omitir la actualización, bajo juramento, del patrimonio y las rentas adquiridas de altos funcionarios.
Este caso tuvo su origen en la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, que mientras investigaba en 2006 al narcotraficante Manuel Salazar Espinosa, hoy condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, interceptó una conversación telefónica de uno de sus abogados. En ella se hablaba de arreglar un proceso en el Consejo de Estado. Durante tres años, la Fiscalía siguió esta pista y descubrió la actuación ilegal de un grupo de funcionarios que presuntamente negociaba con expedientes o asesoraba a demandantes y demandados.
En julio de 2009, la Procuraduría entró al caso y comisionó a la entonces procuradora delegada para la vigilancia judicial, Ana María Garzón, para que evaluara qué estaba sucediendo al interior de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Los propios consejeros instaron al procurador a que agilizara las investigaciones para aclarar el escándalo. La delegada Garzón trabajó durante cinco meses en el tema, hasta que formuló pliego de cargos a cinco funcionarios.
Pero esa decisión, adoptada en diciembre de 2009, resultó tan polémica como el mismo caso. En criterio de la delegada, debían abrirse investigaciones y compulsar copias a la Fiscalía por las presuntas conductas de concierto para delinquir, fraude procesal, concusión, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Además, el pliego de cargos añadió un organigrama con más de 100 contactos entre gobernadores, exmagistrados, procuradores, alcaldes, congresistas, políticos y servidores judiciales.
Aunque la investigación sólo estaba orientada a cuatro funcionarios del Consejo de Estado y una de la Procuraduría, la inclusión de este organigrama desató una crisis al interior del Ministerio Público por múltiples reclamos de personas incluidas en el esquema. El asunto terminó en que, primero, el expediente salió de las manos de la delegada Garzón; luego, el 7 de abril de 2010, ella misma fue declarada insubsistente, y pocos días después, por presunta violación al debido proceso, el controvertido pliego de cargos fue anulado.
El caso volvió a empezar, esta vez bajo la orientación de la delegada María Eugenia Carreño. El pasado 21 de febrero, después de casi dos años de diligencias judiciales, con una providencia de 192 páginas conocida por El Espectador, la Procuraduría tomó decisiones. Los exfuncionarios de la Sección Quinta del Consejo de Estado Carlos Arturo Fernández y Edilberto Samuel Casas fueron destituidos, lo mismo que la exdelegada de la Procuraduría Esmeralda Muñoz Collazos. Los exfuncionarios Virgilio Almanza y Mayfren Padilla fueron sancionados por cuatro meses.
La decisión se limitó a evaluar unas actuaciones. En el caso de Carlos Arturo Fernández, quien llegó a ser oficial mayor de la Sección Quinta del Consejo de Estado, fue sancionado por concusión y revelación de secretos, derivados de haber recibido $30 millones por entregar información sobre el litigio por la pensión de una educadora en Bolívar. Así mismo, por darle información reservada al polémico político Javier Socarrás en un caso de nulidad de diputados de La Guajira.
Lo paradójico del caso es que Fernández Trujillo, conocido en el expediente como El Papi o Pitu, desde noviembre de 2009 ya había sido condenado por el Juzgado Décimo Penal de Bogotá por los mismos hechos. Esta vez fue destituido e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por 15 años. Y en el mismo episodio de Socarrás y los políticos de La Guajira terminó implicado el escribiente Edilberto Samuel Casas, El Tío, quien, igualmente por revelar secretos en este y otro episodio, fue destituido e inhabilitado por 14 años.
En cuanto a la exdelegada para la vigilancia administrativa de la Procuraduría, Esmeralda Muñoz Collazos, conocida en el expediente como La Monita, por violación a la reserva de sus actuaciones y revelación de secretos en el mismo episodio de Javier Socarrás y los políticos de La Guajira, fue destituida del cargo e inhabilitada durante 13 años. En su caso tuvo que ver con el conocimiento previo del archivo de un proceso en favor de un exgobernador de La Guajira.
El otro sancionado fue el magistrado auxiliar de la Sección Quinta del Consejo de Estado Mayfren Padilla Téllez, referido en el expediente con los sobrenombres de Mike, Tayson o el segundo de Susana. En su caso, se le investigó porque adquirió una camioneta Suzuki Gran Vitara en una negociación en la que participaron familiares del sancionado Carlos Arturo Fernández. Según la Procuraduría, Padilla tenía la obligación de reportar este raro negocio en su declaración de bienes y rentas. Fue suspendido por cuatro meses.
Finalmente, también se suspendió por cuatro meses al exsecretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Virgilio Almanza Ocampo, cuestionándole que no hubiese tomado las acciones respectivas para evitar los comportamientos corruptos de alguno de sus subalternos, hechos que terminaron afectando la imagen de la corporación judicial. Ahora el caso puede ser apelado. En cuanto a las 30 mil llamadas interceptadas y sus contenidos, deben estar en algún anaquel de la Fiscalía o de la misma Procuraduría.
Una de las secciones claves del Consejo de Estado
La Sección Quinta del Consejo de Estado es una de las dependencias del Contencioso Administrativo que mayor relevancia han tenido en los últimos tiempos. Es la encargada de definir las demandas en procesos de nulidad para funcionarios de elección.
Está integrada por cuatro magistrados. Son ellos Susana Buitrago Valencia, Mauricio Torres y Alberto Yepes Barreiro. La plaza restante se encuentra en proceso de elección actualmente y será ocupada en los próximos días.
El caso más reciente que allí se tramitó fue la nulidad de la exfiscal general de la Nación Viviane Morales Hoyos. Un caso que quedó en manos del magistrado ponente Alberto Yepes Barreiro y que posteriormente se definió en Sala Plena.
En otro proceso crucial fue designado como ponente el magistrado Yepes, quien junto con otro colega y dos conjueces definirá en pocas semanas si la elección de la contralora Sandra Morelli fue legal.
CONTINÚA INCERTIDUMBRE POR PARADERO DE CUERPOS DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO
Nuevas revelaciones indican que los cadáveres no estarían en la Universidad Nacional y en el Cementerio del Sur.
Dos grandes revelaciones se hicieron en la mañana de este jueves, cuando después de 14 años el doctor Carlos Eduardo Valdés (actual director de Medicina Legal) explicó de manera detallada la forma en cómo se hizo la exhumación en 2008 de los cadáveres en el Cementerio del Sur de Bogotá, de los cuales se creía podrían estar los de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según Valdés, en el largo y extenuante trabajo en el cual participaron un odontólogo y dos antropólogos se realizó una exhumación en la única fosa del común que se encontraba en el cementerio y en la cual, según los testimonios de dos celadores, se pudo establecer como el lugar más probable a donde pudieron haber sido llevados los cuerpos de las personas que murieron durante los trágicos hechos registrados el seis y siete de noviembre de 1985.
Después de la exhumación que duró más de nueve meses, se pudo hacer el registro de identificación de 90 cuerpos adultos y 49 niños, así como seis partes de cadáveres mutiladas por diferentes razones, entre ellas enfermedad o accidentes.
Sin embargo, después del riguroso análisis que se hizo, en el cual se descubrieron numerosas irregularidades en el proceso de entierro de los cadáveres, puesto que los registros estaban incompletos en muchas oportunidades y en otros faltaban hojas a las los libros en que se notificó el ingreso de cada cuerpo.
“En los libros de registro que tenían que ser llenados los datos de la inhumación se encontró que estaban incompletos y faltaban páginas. En otros pudimos comprobar que mucha de la información se repetía, algo que genere muchas dudosas sobre la exactitud de dichos libros”, precisó Valdéz, quien para fungía para esa época como jefe de la división de criminalística de la Fiscalía.
Los dos grandes hallazgos, según el director de Medina Legal, fue un número de cuerpos con características de incineración y fragmentos de vidrios blindados. Lo que, cuenta, hacía pensar que podrían corresponder a desparecidos del Palacio de Justicia.
“Nos concentramos en los 28 cuerpos que tenían muestras de incineración y de vidrio. Eran los que tenían mayor posibilidad de ser las víctimas del Palacio por esas circunstancias”, manifestó Valdés en declaración ante el juez 55 penal en el proceso que se adelanta contra el coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano.
Ante las preguntas de la Fiscalía y los abogados de la parte civil, el director del Instituto forense manifestó la forma en cómo se realizó el inventario de cada cuerpo exhumado, bajo la supervisión de dos laboratorios españoles para revisar la transparencia del proceso en el que no se descubrió la existencia de ninguno de los 11 cuerpos de los llamados desaparecidos del Palacio de Justicia.
Ante esto, señaló además que luego del arduo trabajo se hicieron todos los registros para entregar en calidad de custodia dichos cadáveres a la Universidad Nacional. "Yo mismo entregué a la Universidad Nacional inventariado a cada individuo, ellos lo recibieron revisaron el inventario y aceptaron la entrega; toda esa documentación debe estar consignada en los informes del Cuerpo Técnico de Investigaciones como en la propia Universidad", puntualizó el actual director de Medicina Legal.
Ante esto también se descarta la presencia de los cuerpos de los desparecidos del Palacio de Justicia en la institución educativa, rechazando las declaraciones de algunos de los implicados en dicho proceso.
Según el abogado de la parte civil, Jorge Molano, el testimonio del funcionario manifiesta ue aparte de la fosa del cementerio del sur no hubo otro lugar a donde pudieran haber sido llevados víctimas de los hechos del Palacio de Justicia. “Las exhumaciones se hicieron de forma legal y con veeduría internacional. Además se realizaron a todos los restos pruebas de ADN. Los desaparecidos siguen desaparecidos”, precisó Molano.
CONGRESO DESMIENTE QUE REFORMA A LA JUSTICIA SEA REVANCHA A LAS CORTES
Los presidentes de Senado y Cámara defendieron el proyecto.
Al conocer que el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, consideró este jueves que el proyecto de reforma a la justicia tiene "cierto tufillo de retaliación y revanchismo" con las cortes, desde el Congreso de la República fue defendido con vehemencia el proyecto.
El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, dijo que “en el Congreso están dadas todas las garantías para que el proyecto se discuta y se dé una reforma en los mejores términos”.
“Lucharemos para que la reforma le sirva al pueblo colombiano y que la justicia cuente con los elementos y recursos para que pueda hacer una pronta y eficaz justicia”, sostuvo.
“El Congreso no está actuando con un sentimiento revanchista porque eso sería una absurdo toda vez que la reforma no toca a una rama del poder público sino la Constitución”, añadió.
A su turno, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, dijo que “bajo ningún efecto la reforma es una revancha a la justicia”.
Recordó que la Cámara “se renovó” casi en su totalidad en las últimas elecciones de Congreso, por ende, no podría existir tal retaliación de parte de los nuevos legisladores.
Y agregó: “Hago de luego un llamado a las Cortes para que regresen y logremos concertar en la discusión la iniciativa (…) sentimos que la presencia de los maistrados le da garantía al proceso (de aprobación) y podrían enriquecer el texto”.
Jueces citan a "jornada de reflexión" y cese de actividades el próximo 22 de marzo
En un certero discurso, el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro citó para el próximo 22 de marzo a todos los funcionarios judiciales a una “jornada de reflexión” para que estudien, debatan y manifiesten su posición frente al proyecto de reforma a la justicia que actualmente cursa en el Congreso de la República.
Según Otálvaro, la idea es que además ese día ese día los magistrados, jueces, fiscales, y funcionarios judiciales salgan a marchar en diferentes ciudades del país con el fin de pedir independencia de la rama judicial y respeto por sus decisiones.
“No es un paro, es una jornada de reflexión lo que implica que en los despachos no se puedan realizar las labores acostumbradas. Será una jornada protegida por la Constitución y la cual le permite a los ciudadanos entrar a analizar los aspectos que los involucren”, precisó el presidente de Asonal.
Para el jurista, dicho proyecto los afecta considerablemente, hecho por el cual se pedirá que se archive la reforma, al considerar que no han contado con su debida participación ni han escuchado sus cometarios frente a algunos temas.
“El 22 las altas cortes, fiscales, y demás funcionarios entren en una jornada de estudio y hagan sus manifestaciones con el fin de que en el Congreso entiendan la necesidad de entrar a archivar el proceso y discutirlo con toda la base de la academia”, aclaró.
EL NUEVO SIGLO
EN LA JUDICATURA RESPIRAN POR LA HERIDA”
Como ‘absolutamente loco’ calificó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra las declaraciones del magistrado Néstor Correa quien afirmó que si no se hubiera destapado la parapolítica, Salvatore Mancuso sería ministro de Cultura.
Así lo afirmó Esguerra en una entrevista con Caracol Radio haciendo referencia a las críticas que hizo el magistrado Néstor Raúl Correa, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura contra la Reforma a la Justicia, el ministro de Juan Carlos Esguerra aseveró que están "respirando por la herida".
"Es absolutamente equivocado, ni ese es el plan en el que está el presidente de la República, ni es el plan en el que está el Congreso. Lo que yo he visto es una cosa bien distinta. Simplemente estamos con la idea de que se incorpora el postulado de la doble instancia y separar la idea de investigación y de juzgamiento. Tal como lo propuso el Gobierno se estuvo implementando la idea de la eliminación de un tajo de esa Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de manera que están respirando por la herida".
LLUEVEN PROPUESTAS PARA LA REFORMA PENSIONAL
Que el sistema pensional en Colombia tiene graves problemas ya no es tema de debate. Lo que enfrenta a quienes abordan el tema es cómo resolver el problema.
Hasta ahora lo que han hecho los gobiernos es aplazar el asunto, aumentando la edad de jubilación. Por lo pronto, el nuevo ministro del Trabajo, Rafael Pardo, aclaró que, aunque el tema de la edad está sobre la mesa, “no está entre las cuentas de la anunciada reforma al régimen de pensiones”.
“La sostenibilidad financiera es clave ya que tan solo el 30 por ciento de los colombianos ocupados están ahorrando para la vejez debido a que algunos no cuentan con los recursos para ahorrar y hay que incentivar mecanismos para que todas las personas puedan ahorrar y los que más tengan, aporten a los que no”, señaló el viceministro del Empleo y las Pensiones, Mauricio Olivera.
Ya el exministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, le había planteado a la Comisión Séptima del Senado que el Gobierno propondrá una reforma que buscará ser integral, por lo que será el resultado de un proceso de diálogo y consenso entre las diferentes entidades e instancias que están relacionadas con la problemática financiera y monetaria de las pensiones en el país.
Para la senadora vallecaucana Dilian Francisca Toro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), “es vital que todos los colombianos ahorren para su vejez. La reforma pensional que plantea el Gobierno Nacional contiene una alta dosis de responsabilidad con el futuro de la gente, ya que entre sus principios está la sostenibilidad financiera en el largo plazo, mayor cobertura y equidad”.
Pero para Tarsicio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los asalariados pobres son los que están trabajando y aportando a un sistema para que unos pocos gocen de altas pensiones, que son los que tienen desfinanciado el régimen.
“No se puede hacer una reforma en detrimento de la gente. El Gobierno pretende cambios que afectan a los trabajadores y no limita las grandes pensiones que hoy existen”, dijo.
REFORMA A LA JUSTICIA NO ES REVANCHA CONTRA CORTES"
Juan Manuel Corzo, presidente del Senado, y Simón Gaviria, su homólogo en la Cámara de Representantes, afirmaron que la reforma a la justicia no tiene que ver con los procesos de la ‘parapolítica’.
El proyecto de reforma a la justicia fue defendido con fuerza por miembros del Congreso de la República, a manera de respuesta a las afirmaciones hechas por el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien dijo que la iniciativa legislativa tiene “cierto tufillo de retaliación y revanchismo”.
“En el Congresos están dadas todas las garantías para que el proyecto se discuta y se dé una reforma en los mejores términos”, aseveró el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo.
“Lucharemos para que la reforma le sirva al pueblo colombiano y que la justicia cuente con los elementos y recursos para que pueda hacer una pronta y eficaz justicia”, aseguró.
Corzo mencionó asimismo que “el Congreso no está actuando con un sentimiento revanchista porque eso sería una absurdo toda vez que la reforma no toca a una rama del poder público sino la Constitución”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, afirmó que “bajo ningún efecto la reforma es una revancha a la justicia”.
PLANTEAN MARCHA CONTRA REFORMA A LA JUSTICIA
En medio de la creciente tensión que entre gobierno y Cortes ha generado la reforma a la justicia, Asonal Judicial acaba de convocar para una “jornada de reflexión” sobre el tema y que se verificaría el próximo jueves.
Luis Fernando Otálvaro, presidente del sindicato de esta rama del poder, aclaró que no se trata de un paro sino de un día para que todo el sector “reflexione” y “fije posición” frente al proyecto que se debate en el Congreso de la República y al que le faltan cuatro debates.
Sin embargo, Otálvaro también instó a todos los funcionarios de la rama judicial a tomarse las calles para protestar por el proyecto gubernamental y ratificar que es obligación estatal respetar y mantener la separación de poderes, así como acatar las decisiones judiciales.
“ Será una jornada protegida por la Constitución y la cual le permite a los ciudadanos entrar a analizar los aspectos que los involucren”, precisó el presidente de Asonal.
Asonal insistió en que la mencionada a la reforma a la Justicia, de cuyas discusiones se retiraron desde hace meses las Cortes y cuyo regreso a la mesa ha intentado en vano el Gobierno debe archivarse para posteriormente y tras juiciosos debates académicos presentar un proyecto de consenso.
REVISTA SEMANA
PALACIO DE JUSTICIA: NUEVO TESTIMONIO SEÑALA QUE EN LA UNAL NO HAY RESTOS DE LOS DESAPARECIDOS
De eso da cuenta el testimonio de Carlos Valdés, actual director de Medicina Legal, quien coordinó en 1998 la exhumación de los cuerpos encontrados en una fosa del cementerio del sur. Según él, todos pasaron por pruebas de ADN.
Carlos Valdés (director de Medicina Legal) recibió en 1996, cuando se desempeñaba como jefe de la división de criminalística de la Fiscalía, la solicitud de un juzgado que le pedía exhumar los cuerpos que se hallaban en una fosa en el cementerio del sur. El propósito era identificar allí posibles víctimas del holocausto del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre del 1985).
Pasaron dos años antes de que el trabajo comenzara. El doctor Valdés y su equipo tenían antes que estudiar el caso, analizar el expediente, verificar la zona y estar seguros de que la fosa en donde se haría la exhumación fuera la única. No había lugar a errores. Por eso, solo hasta finales de enero de 1998 empezaron labores.
"Yo era el encargado de coordinar al equipo, que estaba conformado por antropólogos, médicos, odontólogos, fotógrafos (...) se convocó a la secretaria de salud del Distrito (para limpiar la zona, para desratizar el lugar) y, entre otros, a Ingeominas (para analizar el terreno)", contó Valdés, en el primer testimonio que da por este caso. Lo hizo ante el juzgado 55 penal en la mañana de este jueves.
La labor de exhumación contó con la asesoría de dos universidades españolas, ante el pedido de Valdés. Durante el proceso se identificaron los cuerpos de 90 adultos y se estableció que la fosa (única en el cementerio) estuvo abierta desde septiembre de 1985 hasta enero de 1986. "Periodo dentro del que se dieron los hechos del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero", recordó el actual director de Medicina Legal.
Los restos los dividieron en tres grupos: adultos, menores y fragmentos. "Con una diferencia de pocos días ocurrió lo del Palacio y la tragedia de Armero. A Bogotá llegaron de allí muchas personas heridas, algunas con gangrena, por lo que les amputaron partes de sus cuerpos, que terminaron en esa fosa", dijo Valdés.
Los dos grandes hallazgos, según el director de Medina Legal, fue un número de cuerpos con características de incineración y fragmentos de vidrios blindados. Lo que, cuenta, hacía pensar que podrían corresponder a desparecidos del Palacio de Justicia. "Nos concentramos en los 28 cuerpos que tenían muestras de incineración y de vidrio. Eran los que tenían mayor posibilidad de ser las víctimas del Palacio por esas circunstancias", declaró.
Valdés no recordó, ante la pregunta del juez, cuántos de los cuerpos encontrados fueron entregados a la Universidad Nacional, pero sí fue claro en decir que a todos se les hizo la prueba genética de ADN. Ninguno correspondió a las personas desparecidas del Palacio de Justicia.
El informe al que hizo referencia Valdés es uno de los tres que se han hecho para verificar el ADN de los restos hallados. Ninguno ha coincidido con los desaparecidos.
Para el abogado de las víctimas, Jorge Molano, el testimonio de Valdés, que se escucha por primera vez, da cuenta de cómo aparte de la fosa del cementerio del sur no hubo otro lugar a donde pudieran haber sido llevados víctimas de los hechos del Palacio de Justicia. "Las exhumaciones se hicieron de forma legal y con veeduría internacional. Además se realizaron a todos los restos pruebas de ADN. Los desaparecidos siguen desaparecidos", señaló Molano.
Esto desvirtuaría lo que la defensa de algunos militares involucrados en el proceso ha argumentado en el proceso: que entre aquellos cuerpos sin identificar podrían estar algunos o la totalidad de los once desaparecidos.
Por eso, la búsqueda continúa. O por lo menos, eso es lo que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a Colombia emprender acciones efectivas y ágiles con el fin de buscar los cuerpos y lograr la completa identificación de las 11 personas declaradas como desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia.
Para la Comisión, existen varias irregularidades por parte de los organismos colombianos en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas del llamado Holocausto del Palacio de Justicia, principalmente en el caso de los desaparecidos: siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.
SI NO FUERA POR LA CORTE EL MINISTRO DE CULTURA SERÍA MANCUSO”: CSJ
La declaración se da antes que inicie el debate en el Congreso. El fuerte pronunciamiento lo hizo el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, en un foro sobre la reforma a la justicia.
El presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, aseguró que con el proyecto de reforma a la justicia se quiere castigar a la Corte Suprema de Justicia por haber destapado el tema de la parapolítica en el país.
"El mensaje que yo capto es que hay que castigar a los buenos y privilegiar a los malos (...) el proyecto le pasa una cuenta de cobro a la Corte Suprema de Justicia", dijo el magistrado.
Su fuerte declaración fue más allá al decir que si en la Corte Suprema no se hubiera destapado la relación de políticos con narcotraficantes pertenecientes a grupos ilegales, "por ejemplo el ministro de cultura sería (Salvatore) Mancuso". "Si no fuese por la Corte, el ministro de Educación sería 'Jorge 40' o 'H.H'", dijo Correa en un foro sobre la reforma.
Precisamente, los funcionarios judiciales tiene prevista una jornada académica de protesta el próximo 22 de marzo. Ese día se espera que los despachos judiciales, la Fiscalía y las altas cortes se dediquen al estudio de reforma.
Algunas de las cortes han manifestado su rechazo a la iniciativa, pues consideran que esta menoscaba la justicia en el país al quitarle poder.